Abogados: Propuesta de ley de condominios requiere más claridad

Miami- El proyecto de reformas a la ley de condominios de Florida que se discute en Tallahassee ha sido bien recibido por los propietarios de apartamentos, quienes dicen estar hartos de lidiar con el fraude electoral y el abuso de poder en sus edificios.

Pero abogados expertos en el Capítulo 718, que norma ese tipo de viviendas, dijeron a el Nuevo Herald que se debe evitar que algunas propuestas del proyecto de ley tengan consecuencias no intencionadas, como sanciones penales por cierto tipo de infracciones.

“Entendemos la necesidad de fortalecer las leyes y castigar a las personas que cometan delitos”, dijo William Sklar, miembro del Colegio de Abogados de la Florida y quien la semana pasada declaró ante la Comisión Judicial del Senado estatal durante una discusión del proyecto. “Con lo que no concordamos es crear nuevos delitos en la ley de condominios”.

Sklar explicó que la intención del Colegio de Abogados es que los delitos que se están cometiendo en algunos condominios, como robo de dinero y falsificación de firmas, se castiguen usando las leyes que ya existen.

“El robo, el fraude en documentos, el enriquecimiento ilícito deben castigarse como cualquier otro delito, con todo el peso de la ley, incluso si lo han cometido directivos o administradores de condominios”, dijo Sklar. “Lo que proponemos es que se agreguen a la ley de condominios referencias a esas penalidades que ya existen y se aclare que se aplicarían los mismos castigos a esas infracciones aunque se cometan [en condominios]”.

La aclaración de Sklar probablemente tranquilice a propietarios de apartamentos, que escucharon su testimonio ante el Senado y han dicho que lo interpretaron como una oposición a las sanciones penales.

Muchos dueños de apartamentos han dicho a el Nuevo Herald y a Univisión 23 que, generalmente, discrepan de la opinión de abogados que trabajan para las asociaciones. Los dueños de los condos acusan a los abogados de representar los intereses de las juntas directivas que los contratan y aprueban sus pagos, y no a todos los dueños.

No es una posición fácil, dijo la abogada Yeline Goin, del bufete Becker & Poliakoff, que representa cientos de asociaciones en Florida. El bufete tiene una especie de división de cabildeo de asuntos de condominios llamada Community Association Leadership Lobby(CALL).

“Nosotros representamos asociaciones, no miembros de las juntas en particular, pero si recibimos directrices de las juntas”, explicó Goin. “Creemos que debe haber un equilibrio en la Legislatura entre dar poder a los propietarios y no atar las manos de las juntas para que puedan administrar sus asociaciones”.

En ese sentido, Goin dijo que no concuerda con una propuesta que tiene por fin castigar penalmente la retención intencional de registros de condominios a los que los propietarios tienen derecho.

“Están tratando de castigar penalmente a los miembros de la junta, que son voluntarios, por asuntos que muchas veces son la responsabilidad de la empresa de administración. Los administradores son los que generalmente manejan los documentos”, dijo Goin. “Por otro lado, algunas veces los miembros de las juntas no entienden completamente los reglamentos, y cometen errores. No queremos que las leyes se usen para castigar a personas que cometieron errores sin mala intención”.

Maryin Vargas, propietaria y coordinadora del grupo Reform FL, una nueva organización comunitaria que presiona para que se apruebe el proyecto de ley con las sanciones penales, interpreta la situación diferente de Goin.

“No creo que sea así de fácil castigar a cualquiera por un error, porque habría que demostrar mala intención y que el propietario de la junta lo hizo reiteradamente”, dijo Vargas.

La propuesta dice que “un miembro de la junta que reiteradamente [más de dos veces] e intencionalmente niegue el acceso a registros de la asociación, podría enfrentar un cargo de delito menor. Si se comprueba que los documentos fueron retenidos con la intención de esconder un delito, los responsables enfrentarían un delito mayor de tercer grado.

Otro aspecto de la ley que tiene en desacuerdo a propietarios como Vargas y algunos abogados es la imposición de límites —8 años— a los miembros de las juntas. Los directivos podrían sobrepasar el límite de sus términos si consiguen una supermayoría de los votos de los dueños.

El desacuerdo entre grupos como CALL, al que Goin representa, y organizaciones de propietarios como Reform FL no es nada nuevo. De hecho, en el 2006, cuando el senador René García, quien patrocina la propuesta de ley actual, trató de modificar la ley, que incluía límites de término, el tema causó enfrentamientos entre representantes de CALL y Cyber Citizens for Justice.

El CCFJ es un grupo de la región central de la Florida que desde años ha abogado por implementar cambios en la ley que den más poder a los propietarios.

La propuesta del 2006 de García no tuvo éxito en la Legislatura. El Nuevo Herald y Univisión 23 han publicado desde marzo del año pasado la serie Condos de Pesadilla, que reveló que el fraude electoral, el abuso de poder y la retención de registros a los que los dueños tienen derecho son comunes en algunos repartos del sur de Florida.

El senador estatal demócrata José Javier Rodríguez, quien junto al senador García patrocina la actual propuesta, dijo que están tomando en cuenta las propuestas de los abogados para aclarar algunos aspectos de la ley. Sin embargo, enfatizó que los castigos penales son una parte esencial del proyecto.

“El proyecto no es perfecto y sí estamos trabajando con [Sklar] en encontrar la mejor manera de implementar estas penalidades, pero no en eliminarlas”, dijo Rodríguez. Credito Nuevo Herald

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