Gobernador de Puerto Rico anuncia reestructuración de deuda

SAN JUAN (AP) — El gobernador de Puerto Rico anunció el miércoles una histórica reestructuración de parte de los 73.000 millones de dólares de su deuda por medio de los tribunales, luego de que fracasaran las negociaciones con los tenedores de bonos.

El anuncio marca el mayor proceso de bancarrota en la historia para el mercado de bonos municipales en Estados Unidos.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla aceptó su pedido de llevar las deudas ante una corte.

“Vamos a proteger a nuestro pueblo”, dijo horas después que varios acreedores presentasen demandas contra la isla para recuperar los millones de dólares que invirtieron en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico, que ha declarado varios impagos en medio de una recesión que aqueja a la isla desde hace 10 años.

Rosselló dijo que una de las demandas reclamaba para los tenedores de bonos todo el dinero generado por el Tesoro de la isla.

“Yo no voy a permitir que esto pase”, dijo.

Rosselló dijo que las deudas de ciertas agencias serán restructuradas en la corte, mientras que otras serán resueltas a través de negociones con acreedores. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda de unos 9.000 millones de dólares; la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene adeuda alrededor de 5.000 millones, y la de Transporte y Carreteras debe cerca de 7.000 millones.

En total, Puerto Rico enfrenta una deuda de 73.000 millones de dólares. En comparación, la ciudad de Detroit tenía una deuda de 9.300 millones cuando se declaró en bancarrota en el 2013, en la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.

Las autoridades puertorriqueñas iniciaron el proceso de bancarrotas tras declarar que no podían aceptar los masivos recortes e impuestos nuevos demandados por los acreedores. Un plan fiscal para Puerto Rico asigna 800 millones de dólares al año para pagos de la deuda, una fracción de los 35.000 millones adeudados en intereses y abonos en la próxima década.

Un juez federal estadounidense estará ahora a cargo de determinar cómo será restructurada la deuda puertorriqueña. Los tenedores de bonos no pueden apelar la decisión de Rosselló hasta dentro de 120 días.

Elías Sánchez, representante del gobernador en la junta supervisora, criticó a los acreedores por presentar demandas mientras el gobernador seguía realizando lo que llamó negociaciones de buena fe luego que la congelación de litigios en el caso expiró el 1 de mayo.

“Cuando se cruza una raya, el gobierno tiene que actuar en pro del pueblo de Puerto Rico”.

Un grupo que representa a algunos acreedores con un total de 16.000 millones de dólares en bonos de obligación general acusó a la junta de sabotear negociaciones consensuales y forzar a la isla a la bancarrota.

“La economía de Puerto Rico quedará en pausa por años”, dijo Andrew Rosenberg, asesor del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Obligación General de Puerto Rico. “Que no haya dudas: La junta ha escogido convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina”.

El presidente de la junta José Carrión no respondió de inmediato a esos comentarios, pero dijo en una declaración previa que aunque el proceso es necesario para contrarrestar demandas, las negociaciones consensuales siguen siendo preferibles y que la junta buscará esas negociaciones con acreedores dispuestos.

Se espera que en los próximos días el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos nombre a un juez federal para supervisar el caso.

Mientras tanto, el proceso para restructurar la deuda en la corte continuará, dijo Sánchez.

Apuntó que, a diferencia de la bancarrota regular en Estados Unidos, un juez no puede confiscar unilateralmente bienes de Puerto Rico sin autorización de la junta.

Es demasiado pronto para saber qué tipo de impacto va a tener en los 3,4 millones de habitantes de Puerto Rico la restructuración de la deuda en las cortes, le dijo a The Associated Press el economista Joaquín Villamil.

“El Título 3 tiene un riesgo muy grande para las dos partes”, dijo, refiriéndose al gobierno y sus acreedores.

Advirtió, no obstante, que el proceso pudiera ahuyentar más al tipo de inversionista que necesita la economía puertorriqueña en momentos en que el territorio se prepara para implementar varias medidas de austeridad.

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